California revocará 17,000 permisos de conducir comerciales expedidos a inmigrantes
California cancelará 17,000 permisos de conducir comerciales que se habían expedido a inmigrantes después de que las autoridades afirmaran que se habían prorrogado más allá de la fecha en que los conductores podían trabajar en el país, lo que supone una infracción de la legislación estatal.
California exige que los permisos de conducir y los permisos de trabajo tengan la misma fecha de caducidad, según las autoridades. El 6 de noviembre se enviaron notificaciones a los conductores afectados, advirtiéndoles que sus permisos caducarían en 60 días.
La medida se produce en medio de un enfrentamiento entre la administración Trump y el gobernador Gavin Newsom por el programa de permisos de conducir comerciales para personas no domiciliadas en California. También se produce tras una auditoría a nivel nacional de dichos programas, después de que las autoridades informaran de que un camionero que vivía ilegalmente en Estados Unidos dio un giro en U y provocó un accidente en Florida en el que murieron tres personas. “Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes ilegales del volante de los semirremolques y los autobuses escolares”, afirmó el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, en una declaración escrita.
Sin embargo, las autoridades estatales afirmaron que los conductores no eran «inmigrantes ilegales» y que estaban autorizados por el Gobierno federal para trabajar en el país.
“Una vez más, Sean “Road Rules” Duffy no dice la verdad, difundiendo falsedades fácilmente refutables en un triste y desesperado intento de complacer a su querido líder”, afirmó Brandon Richards, portavoz de Newsom.
California es uno de los 19 estados, además de Washington D. C., que expide permisos de conducir a inmigrantes sin estatus legal. Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que esto permite a las personas trabajar y viajar con seguridad.
Pero California, junto con otros seis estados, entre ellos Texas, fue objeto de escrutinio tras una auditoría realizada por la Administración de Seguridad de Autotransportes del Departamento de Transporte, la agencia responsable de prevenir las muertes y lesiones relacionadas con los vehículos comerciales.
Esa auditoría encontró irregularidades en la expedición de permisos de conducir comerciales para personas no domiciliadas.
Duffy afirmó que la auditoría reveló que el 25 % de los permisos expedidos en California infringían las normas federales, entre otras cosas porque su validez se prolongaba mucho más allá de la fecha de finalización del permiso de trabajo de la persona.
En octubre, tras la auditoría, Duffy retuvo más de 40 millones de dólares en subvenciones para transporte y afirmó que California no solo seguía expidiendo permisos de conducir comerciales a inmigrantes que vivían en el país de forma ilegal, sino que tampoco estaba aplicando los nuevos requisitos de idioma inglés para los camioneros.
Las autoridades han refutado las afirmaciones de Duffy y han dicho que el estado ha cumplido con las leyes y reglamentos federales. El Departamento de Vehículos Motorizados de California dijo en su sitio web que, a partir del 29 de septiembre, no emitía ni renovaba permisos de conducir comerciales para personas no residentes.
Las nuevas normas federales propuestas, que incluirían controles obligatorios del estatus migratorio, la limitación de la duración de la licencia y la restricción de la elegibilidad a determinados visados de inmigración, fueron suspendidas temporalmente por un tribunal federal de apelaciones esta semana.
La sentencia supuso un alivio para miles de inmigrantes que corrían el riesgo de perder sus licencias.
