Ciudades con drenaje, hogares sin agua: la compleja realidad de México
El 40 por ciento del mundo carece de un acceso al saneamiento de calidad, según el más reciente informe de Naciones Unidas.
En el caso de México, los indicadores oficiales sugieren que el acceso al agua potable y al saneamiento está prácticamente resuelto. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 96.1 por ciento de la población tiene acceso a agua potable y 95.2 al alcantarillado.
Pero estos porcentajes esconden una realidad más compleja. En el caso de las ciudades, tener conexión a la red no significa recibir agua suficiente, potable o continua, ni contar con sistemas de saneamiento funcionales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha dicho que, aunque la cobertura es alta, la inversión en el sector es insuficiente para garantizar servicios seguros, y que se requeriría destinar cerca del 1.56 por ciento del PIB anual para lograrlo, muy por encima de lo que actualmente se invierte, que ronda el 1 por ciento.
En más de una ocasión este organismo ha hecho énfasis en que se requieren inversionessignificativamente mayores para lograr servicios gestionados de manera segura.
La consecuencia es una paradoja urbana, en la que millones de personas viven en ciudades con infraestructura formal, pero sin acceso efectivo a condiciones básicas de higiene.
Hay acceso, pero no es constante
Uno de los indicadores más reveladores es la continuidad del servicio. De acuerdo con el Inegi, sólo el 53.4 por ciento de los hogares mexicanos cuenta con suministro diario de agua. Pero lo más alarmante es que en 2019 ese porcentaje era 62.4 por ciento, lo que nos habla de un claro deterioro.
Esto significa que casi la mitad de quienes viven en ciudades deben almacenar agua, comprar pipas o depender de tandeos, lo que afecta directamente la higiene cotidiana.
El propio Inegi reconoce que la satisfacción con el servicio de drenaje y alcantarillado es limitada: Sólo el 45.4 por ciento de la población adulta se declara satisfecha con el servicio, lo que refleja fallas en la calidad, mantenimiento o cobertura.
Sobre el tema, Enrique Lomnitz, fundador de Isla Urbana, ha dicho que la infraestructura de suministro está en muy mal estado y el porcentaje de la población que recibe agua por tandeo ha aumentado dramáticamente:
“Tenemos que reinventarnos: la captación de agua de lluvia en ciudades podría cubrir el 50 por ciento de la demanda doméstica, reduciendo la presión sobre los acuíferos degradados”.
No es lo mismo cobertura que acceso
Organismos internacionales utilizan un indicador más estricto, que es el de “servicio gestionado de forma segura”, que implica tener agua disponible, potable y accesible en el hogar.
Según el Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y Unicef, el 57 por ciento de los hogares en México no cuenta con agua gestionada de forma segura, mientras que el 43 por ciento carece de saneamiento seguro.
Esto no significa que no haya tuberías, sino que el suministro puede ser intermitente, contaminado o insuficiente para garantizar higiene básica.
Necesitamos cambiar la narrativa: el saneamiento no es solo poner tubos– Fermín Reygadas, cofundador de Cántaro Azul.
“La debilidad institucional ha contribuido de manera directa a la destrucción del bien común hídrico. Necesitamos cambiar la narrativa: el saneamiento no es solo poner tubos, es un enfoque de cuidados y de salud colectiva que hoy está profundamente fracturado”, asegura Fermín Reygadas, cofundador de Cántaro Azul.
Unicef señala que el acceso al agua, higiene y saneamiento es un derecho humano fundamental, indispensable para la salud, la educación y la dignidad, pero que aún existen comunidades urbanas y periurbanas sin condiciones adecuadas.
Investigaciones sobre recursos hídricos en la Ciudad de México advierten que el sistema enfrenta estrés hídrico estructural, debido a sobreexplotación de acuíferos, crecimiento urbano desordenado y redes envejecidas.
Limitaciones en contextos vulnerables
La falta de agua continua tiene consecuencias directas en la higiene, porque dificulta la realización de actividades esenciales como el lavado de manos, obliga a almacenar agua en condiciones inseguras, aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales y afecta escuelas, hospitales y espacios públicos.
La situación en las instituciones educativas es particularmente crítica. Según la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (Unicef México / Essity, 2026), el 67 por ciento de las estudiantes encuestadas reportó no contar con productos de gestión menstrual gratuitos en sus escuelas ante imprevistos.
En el entorno nacional, 5 de cada 10 niñas faltan a clases durante su periodo debido a la falta de baños dignos o agua corriente para el aseo.
Y por si esto fuera poco, sólo el 64 por ciento de las unidades hospitalarias en zonas urbanas cumple con el estándar de la OMS de un lavabo funcional por cada 10 camas (Secretaría de Salud, 2025).
Unicef advierte que la higiene depende no sólo de la infraestructura, sino de la disponibilidad real de agua en el hogar, lo cual sigue siendo un desafío en México, especialmente en contextos de pobreza urbana y migración.
Uno de los rasgos más marcados del problema es la desigualdad, pues aunque la cobertura nacional supera el 95 por ciento, algunos estados presentan niveles mucho más bajos, en particular Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su informe sobre la medición de la pobreza 2024-2025, señala que la carencia por servicios básicos en la vivienda sigue siendo un reto mayor en las periferias urbanas.
En urbes como la Ciudad de México, el suministro intermitente afecta a más de 14 millones de personas, quienes se ven obligadas a depender de sistemas de almacenamiento externos que, de no ser gestionados correctamente, comprometen la higiene básica.
La Cepal advierte que la fragmentación institucional y la variación en tarifas y regulaciones entre estados dificultan garantizar servicios de calidad homogéneos. Los estudios sobre urbanización advierten que la demanda hídrica podría duplicarse en las próximas décadas, mientras que la infraestructura actual ya opera al límite.
Otro de los retos pendientes es el de la gestión de las aguas residuales, ya que la falta de saneamiento no solo se limita a la ausencia de drenaje, sino a la ineficiencia en el tratamiento de los desechos.
Datos de Conagua de marzo de 2025 revelan un panorama de infraestructura debilitada, pues de las 3 mil 440 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en el país, sólo el 65.6 por ciento se encuentra en operación.
Por otro lado, el costo por la degradación de aguas superficiales y el agotamiento de acuíferosascendió en 2023 a 102 mil 029 millones de pesos, lo que representa el 0.32 por ciento del PIB nacional (Inegi, 2025). Hacia el año 2030, México enfrenta el compromiso internacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento). Los datos institucionales demuestran que, si bien existen avances en la digitalización y el monitoreo, la infraestructura física está llegando a un punto de quiebre.
El éxito de los próximos años dependerá no sólo de la inversión económica (estimada por Conagua en más de 12 mil 400 millones de pesos, sólo para alcantarillado regional), sino de una gestión integral que vincule la salud, la educación y la conservación ambiental bajo un modelo de justicia social.
Como puntualiza Blanca Jiménez Cisneros, experta de la Unesco y ex-titular de Conagua, los servicios de agua potable y drenaje son la base estructural para el desarrollo de cualquier país.
“Actualmente, México no cubre plenamente estos derechos, y mientras no se logre un saneamiento integral, la brecha de desigualdad seguirá creciendo”.
