Muere en libertad el expresidente peruano Alberto Fujimori, señalado y condenado por abusos a DDHH

Alberto Fujimori, el expresidente peruano que gobernó 10 años con mano dura, señalamientos de corrupción y abusos graves a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión, murió el miércoles de cáncer en Lima, informó su hija, la política Keiko Fujimori. Tenía 86 años.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, publicó en un mensaje en X, antes Twitter que terminaba con un “gracias por tanto papá” y los nombres de los cuatro hijos a modo de firma. 

La noticia del agravamiento de la salud del exmandatario de 86 años había sido anunciada horas antes por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, quien dijo a la prensa tras salir de la casa del expresidente que Fujimori estaba “luchando” por su vida. La última vez que se le vio de forma pública fue el 4 de septiembre saliendo en silla de ruedas de un hospital privado. Había alegado recurrentemente que le permitieran salir de prisión por su deteriorado estado de salud.

El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido tres veces como presidente de Perú desde 1990 a 2000. Nacido en Lima en 1938, pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelación en diciembre de 2023 tras pasar 15 años en prisión con cargos por asesinato.

Durante sus mandatos —el último de ellos de menos de un año— aplicó duras medida de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.

Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión, en 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas —entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño— a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.

Su ascenso rápido al poder ocurrió en medio de la ruina económica en la que se encontraba Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese año la inflación mensual llegó a 397% y el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a The Associated Press Yusuke Murakami, profesor de ciencia política en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.

Decepcionados de los partidos políticos que no acabaron con el caos que se vivía, los peruanos eligieron como presidente en 1990 al ingeniero agrónomo Fujimori, quien entonces era un desconocido profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Venció en segunda vuelta al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Le decían “el Chino” por sus ojos rasgados y su tez morena, que lo acercaban a la mayoritaria población de Perú: los mestizos e indígenas.

Sus padres, nacidos en la provincia japonesa de Kumamoto, trabajaron como costureros, reparadores de neumáticos, repartidores de rosas y dueños de una granja avícola para mantener a los tres hijos y dos hijas de la familia.

Durante su campaña pregonó con su voz aguda un gobierno de “los más capacitados y de conducta intachable”. En una ocasión, los diarios difundieron una fotografía suya vestido de karateca con cinturón negro y rompiendo un ladrillo con sus manos delgadas. Días después —en abril de 1990— ante el New York Times confesó que nunca aprendió karate y que el ladrillo ya estaba roto con anticipación.

Doce días después de llegar al poder, a los 52 años, aplicó las drásticas medidas que había prometido no usar durante su campaña para combatir la hiperinflación más alta en la historia de Latinoamérica, con 397% mensual, de acuerdo a cálculos de Steve H. Hanke, un profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins, experto de inflación en el mundo.

En un mensaje televisivo, su ministro de Economía anunció que el precio de la gasolina subiría 32 veces junto al resto de productos básicos alimenticios. El costo se triplicó de un día para otro. Las colas en busca de alimentos se dispararon y la policía detuvo aquel fin de semana a unos 10.000 peruanos por saquear tiendas.

Según el analista Murakami, quien fue funcionario de la embajada de Japón en Lima y estuvo encargado del análisis político sobre Perú en la primera mitad de su gobierno, consideró que sus veloces decisiones “le sirvieron de algo para responder en el corto plazo a las emergencias, pero no para el mediano y largo plazo”.

El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció en un mensaje televisivo el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema judicial y el inicio de un “gobierno de emergencia” que tendría entre sus objetivos redactar una nueva Constitución para reemplazar a la de 1979, que prohibía la reelección inmediata.

“Disolver, disolver”, fue la frase repetida con la que Fujimori anunció el llamado “autogolpe” y quedó por muchos años en el recuerdo de los peruanos.

Su popularidad aumentó luego de que un grupo de investigadores policiales, que recibía más apoyo de la embajada de Estados Unidos, capturara una noche de sábado de septiembre al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y a miembros claves de su cúpula que desde 1980 hasta 2000 provocaron más de 12.000 asesinatos.

Años más tarde, Fujimori sacó partido del rescate de la residencia del embajador japonés en Lima tomada por rebeldes del Movimiento Túpac Amaru. Ese día, soldados del ejército rescataron vivos a 72 de 73 rehenes y ejecutaron extrajudicialmente a los rebeldes. Una imagen de Fujimori en chaleco antibalas y botas militares, paseando victorioso por la residencia liberada, recorrió el mundo.

De acuerdo con diversos estudiosos, Fujimori inauguró un nuevo tipo de autoritarismo en la región: gobernó con un régimen autoritario de fachada democrática y gran respaldo popular.

Desde las sombras, su jefe de espías Vladimiro Montesinos —exabogado de narcos y oficial expulsado del ejército— dirigió un sistema de inteligencia que, usando dinero público, favoreció a Fujimori y le allanó cualquier tipo de oposición sobornando a legisladores, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.

Su ambición por el poder le hizo reelegirse en 1995, cuando ganó por abrumadora mayoría. Volvió a hacerlo en el 2000, pese a acusaciones de fraude, pero su tercer gobierno duró poco. A finales de ese año se difundió un video que mostraba cómo su asesor Montesinos sobornaba a un legislador opositor. Eso desató una ola de protestas que provocó su caída.

Fujimori salió del país y se refugió en Japón, desde donde renunció a la presidencia vía fax.

Casi una década después de haber finalizado su gobierno, Human Rights Watch calificó su gestión como “un régimen mafioso” que se sustuvo en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas.

La prensa independiente descubrió que en su gobierno un escuadrón militar clandestino financiado con dinero público asesinó a 15 vecinos durante una fiesta —entre ellos un niño de 8 años—, a nueve universitarios y a un catedrático a quienes consideraban miembros de Sendero Luminoso.

En 1994 se divorció de su esposa Susana Higuchi después que ésta denunciara a sus cuñados por enriquecerse con ropa donada de Japón. Fujimori le quitó el título de primera dama y se lo dio a su hija Keiko, de 19 años. Tras la separación, sus hijos se quedaron con él y Keiko se dedicó a la política, postulándose a la presidencia en 2011 y 2016. Ahora, ella dirige un partido de centro-derecha que reivindica los logros de su padre y es mayoría en el Parlamento unicameral.

A mediados de julio, Keiko Fujimori anunció por redes sociales que su padre sería candidato presidencial en 2026, pese a que a inicios de ese mes fue operado de una fractura de cadera y se estaba sometiendo a sesiones de inmunoterapia y radioterapia para tratar un tumor canceroso en la lengua que apareció en mayo de 2024.

Transparencia Internacional calculó en 2004 que en su gobierno se malversaron 600 millones de dólares y lo colocó entre los diez presidentes más corruptos del mundo.

En 2005 Fujimori viajó a Chile y una corte de ese país autorizó extraditarlo a Perú dos años después. A su regreso, el juicio se volvió histórico: duró 15 meses y polarizó al país. Fujimori era el primer presidente elegido democráticamente que asistía a juicio por violación de derechos humanos. Y aunque se defendió diciendo que era una venganza política, fue señalado como autor mediato por 25 asesinatos y se le sentenció a 25 años de prisión.

Asimismo, fue condenado por corrupción por realizar un pago ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos para sobornos en los últimos días de su gobierno. En enero de 2015, recibió una sentencia adicional por usar recursos del Estado para financiar diarios que apoyaron su segunda reelección, pero luego se le retiró la condena porque el juez que la revisó dijo que no halló pruebas contundentes.

Fujimori debía salir libre en 2032 a los 95 años, pero el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) le concedió pocas horas antes de la Navidad de 2017 un indulto humanitario ante su debilitada salud.

Miles protestaron porque Fujimori, que entonces tenía 79 años, era considerado el preso que recibía las mayores atenciones: era el único reo en una cárcel de 800 metros cuadrados, podía pintar, recibir visitas, cultivar flores y escuchar óperas de María Callas, según dijo a la AP su médico personal, Alejandro Aguinaga.

Los familiares de las víctimas pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular el indulto pero este tribunal dejó el caso en manos de la Corte Suprema peruana.

Tuvo que asistir a un nuevo juicio en el que se le acusaba de ser el autor mediato de la masacre de otros seis campesinos torturados, asesinados y quemados durante su gobierno. El fiscal pidió una nueva sentencia de 25 años de prisión por la masacre.

Finalmente, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional revivió el indulto de 2017 por sufrir de hipertensión, frecuencia cardiaca irregular y riesgo de cáncer de lengua y ordenó su excarcelación.

Se fue a vivir con su hija Keiko Fujimori, se compró un celular, renovó su documento de identidad y cuando fue interrogado por si mantenía su intención de ser candidato presidencial en 2026, como adelantó su hija, dijo sonriendo: “Vamos a ver, vamos a ver”.