El Condado de Orange lanza el ‘Fondo Libertad’ de $1.5 millones para migrantes
En una histórica iniciativa anunciada recientemente, ahora está disponible una inyección de $1.5 millones de dólares destinada a apoyar a las poblaciones inmigrantes y refugiadas del Condado de Orange, mientras enfrentan los retos del sistema judicial migratorio.
Funcionarios presentaron esta semana el Fondo Libertad para Inmigrantes y Refugiados del Condado de Orange, catalogado como uno de los programas más grandes de su tipo en el estado, que fusiona fondos del condado y donaciones filantrópicas para fortalecer el respaldo a quienes no cuentan con representación legal. En lugar de limitarse a brindar asistencia jurídica, este fondo adopta una estrategia de empoderamiento legal: dota a las comunidades de herramientas para entender, ejercer y moldear sus derechos. Entre las iniciativas están talleres informativos sobre derechos, acompañamiento a audiencias, guía ante la detención y la deportación, líneas directas y campañas impulsadas por la comunidad. Ya en el 2023, cerca del 30 por ciento de la población del condado de Orange se identificaba como mexicana, vietnami, china, coreana y filipina, así como sigue creciendo la población del centro y sur de América Latina. Un informe del 2023, indica que este condado alberga uno de los mayores números de residentes que enfrentan la deportación en todo el estado de California.
El reporte titulado “El estado de la aplicación de la ley migratoria y los recursos legales en el Condado de Orange”, elaborado por el Orange County Justice Fund (OCJF), revela que hay más de 2.1 millones de casos migratorios pendientes mientras esperan decisiones de los jueces de inmigración, y con las recientes redadas, activistas creen que los números incrementaron.
La directora ejecutiva del OCJF, Sabrina Rivera, mencionó que el Departamento de Justicia inauguró una corte de inmigración en Santa Ana en noviembre de 2021 para atender este volumen histórico de casos pendientes.
“No hay debido proceso si las leyes migratorias son injustas desde un principio”, afirmó Rivera.
El informe especifica que para ese entonces ya eran casi 23,000 casos de deportación pendientes los que esperan una decisión de un juez de inmigración.
Dados los datos, el fondo está orientado principalmente a beneficiar a residentes del Distrito 2, donde comunidades como Little Saigon y Santa Ana registran una alta presencia de inmigrantes. Cuenta con el respaldo de una coalición formada por autoridades públicas, expertos legales y organizaciones filantrópicas, incluyendo al Supervisor Vicente Sarmiento, la Fundación Weingart y OC Grantmakers.
La gobernatura del programa recae en un consejo asesor encargado de seleccionar a los beneficiarios, mientras que Charitable Ventures of OC administra los fondos.
Las subvenciones serán otorgadas a líderes de organizaciones sin fines de lucro ya comprometidas con la defensa de los derechos de los inmigrantes. Entre los primeros beneficiarios se encuentran VietRISE, OC Rapid Response Network y Arab American Civic Council, quienes pondrán en marcha líneas directas, clínicas de autoayuda, talleres educativos y más.
Como comentó el Supervisor Sarmiento, “este modelo busca no solo servir a las comunidades, sino empoderarlas, ayudando a los residentes a comprender proactivamente sus derechos y el funcionamiento del sistema antes de que surjan crisis”.
Más allá de los servicios legales, el Fondo Libertad “promueve la resiliencia comunitaria, ofreciendo educación, movilización y herramientas de apoyo mutuo para proteger a las familias inmigrantes contra la desintegración social y familiar”, dijo Joanna Jackson, presidente de Weingart Foundation.
Este proyecto se apoya en años de activismo local, como el programa de fianzas del OC Justice Fund, los contratos de defensa legal en Santa Ana y el trabajo sostenido de redes de base frente a una creciente represión migratoria.
¿Por qué importa?
* Alcance e innovación: una inversión de $1.5 millones que redefine el poder mediante el empoderamiento legal.
* Centrada en la comunidad: dirigida por quienes enfrentan directamente la crisis, con confianza y experiencia local.
* Impacto integral: aborda tanto los obstáculos legales como las vulnerabilidades emocionales mediante educación, movilización y solidaridad.
