Acusan a gobernador mexicano y otros funcionarios de traficar grandes cantidades de drogas a EEUU
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York en la que se los señala de haber colaborado en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Algunos de los funcionarios acusados son miembros del partido gobernante Morena, lo que planteaba un dilema político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su intento por contrarrestar las crecientes presiones de la administración de Donald Trump. También podría empañar los recientes esfuerzos de su gobierno para combatir a los cárteles. Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cartel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. El Cartel de Sinaloa es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristaspor Estados Unidos. Entre los acusados hay al menos tres funcionarios —Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021, el alcalde de la capital de ese estado y un senador— que están afiliados a Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a ningún partido mexicano.
Los cargos contra Rocha Moya, de 76 años, incluían conspiración para la importación de estupefacientes y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de otro cargo por conspiración. De ser declarado culpable podría enfrentarse a cadena perpetua o a una pena mínima obligatoria de 40 años de cárcel.
El gobernador rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo en su cuenta de X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”
Rocha Moya, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles de la droga, sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona sino contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
Al ser abordado por periodistas, Rocha Moya comentó el miércoles que se encontraba tranquilo trabajando en Sinaloa y que conversó con Sheinbaum y que contaba con su apoyo. El gobernador descartó que vaya a salir del estado y que haya recibido alguna comunicación del gobierno estadounidense sobre el retiro de su visa.
“Se supone que cuando lo hacen es porque realmente tienen pruebas y el derecho de hacerlo”, indicó.
Vínculos con el Cartel de Sinaloa
Según la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del Cartel de Sinaloa.
La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción del Cartel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cartel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
La imputación de Rocha Moya, que nació en el mismo municipio de “El Chapo”, fue especialmente llamativa porque el gobernador se vio envuelto en 2024 en un escándalo relacionado con el Cartel de Sinaloa. Su nombre apareció en una carta escrita por el exlíder detenido del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, que fue secuestrado por uno de los hijos de “El Chapo” y entregado a las autoridades estadounidense. En la carta, el excapo afirmaba que cuando fue secuestrado creía que se dirigía a reunirse con Rocha Moya.
La respuesta del gobierno mexicano
Tras el anuncio del proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que desde la tarde del martes había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
En el comunicado se refirió que la documentación recibida por parte de la embajada de Estados Unidos, que ya fue revisada por la cancillería, “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviará a la embajada estadounidense una nota de “extrañamiento” debido a que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.
Por su parte, Ulises Lara, vicefiscal general, dijo en un video que se difundió por internet que la Fiscalía General fue notificada por la cancillería de las solicitudes de detención con fines de extradición hechas por Estados Unidos, y agregó que se revisará e investigará la información para establecer “si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin” y “el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
